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El personal de las cooperativas agrarias podrá prestar servicios en las explotaciones de los socios

04-03-2011 Cooperativas Agro-alimentarias

A propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Economía Sostenible, que incorpora una modificación de la Ley 27/1999 de Cooperativas que recoge expresamente la posibilidad de que las Cooperativas agrarias presten, con sus propios trabajadores, labores agrarias o análogas en las explotaciones de los socios.

La Cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Con algunas matizaciones, las diversas leyes sobre Cooperativas en España, utilizan esta definición de la Cooperativa. Es decir, en la base del movimiento cooperativo, en general, y del cooperativismo agrario, en particular, está la puesta en común de bienes y servicios entre los socios que permite la generación de economías de escala beneficiosas, evitando así que cada socio tenga que asumir por sí mismo todo el coste de sacar adelante su propia explotación agraria. Función esencial de la Cooperativa es, por tanto, la de crear y gestionar una estructura organizativa que permita obtener un mejor aprovechamiento de las explotaciones agrarias de los socios.

Esta idea se contiene en el artículo 92.2, d), de la Ley 27/1999 estatal de cooperativas. Las Cooperativas agrarias para el cumplimiento de su objeto, podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:
“d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o de las explotaciones de los socios”.

Si nos fijamos con detalle en esta letra d), vemos como se recoge expresamente el término “laboral”, entre otras posibles actividades de la Cooperativa respecto de las explotaciones de los socios. Ello hizo que ya en el año 2002, Cooperativas Agro-alimentarias se dirigiese a la Administración, concretamente al Ministerio de Trabajo, para aclarar en qué términos o condiciones el personal de las Cooperativas agrarias puede realizar labores en las explotaciones de los socios sin incurrir en supuestos de cesión de trabajadores, figura contemplada en el Código Penal. En definitiva, se requería certeza absoluta de que servicios como los de sustitución u otros, no generaban riesgo de ser declarados ilegales.

Los argumentos que se plantearon para apoyar esta propuesta eran, además de variados, consistentes:
- Así, las peculiaridades de las relaciones laborales en el sector agrario, de forma que en el seno de las Cooperativas agrarias pudiese formularse mejor la adecuación de la oferta y la demanda de las contrataciones, como empresas propias de los agricultores para la comercialización y gestión en común de productos y servicios.
- La existencia de una estructura organizativa de las propias Cooperativas, que les permite cumplir las obligaciones que asume como empleador en relación con el objeto social para contratar trabajadores para la prestación de servicios exclusivamente en las explotaciones agrícolas y ganaderas de los propios socios. De esta forma, la Cooperativa agraria presta un servicio al socio, titular de la explotación, asumiendo las obligaciones laborales para con los trabajadores en su totalidad, y ejerciendo plenamente y en todo momento su posición como empresario. No cabría, por tanto, que los trabajos contratados por la Cooperativa agraria se desplacen para terceros no socios o para actividades no específicamente contenidas en el objeto de la Cooperativa.
- El beneficio de este servicio de la Cooperativa repercutirá en el incremento del empleo, así como en la normalización de la gestión y eficacia del trabajo en el sector agrario.
Con la propuesta se pretende, en definitiva, ampliar el núcleo de servicios que la Cooperativa presta a sus socios, de manera que las labores agrarias o análogas que es necesario realizar en las explotaciones de los cooperativistas y que en la actualidad han de ser asumidas por los propios socios, bien por sí mismos, bien empleando al personal necesario, puedan ser realizadas por la propia Cooperativa, procediendo a contratar al personal necesario.

Finalmente, la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias se incorporó en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, ya aprobado por el Pleno del Congreso, y pendiente de próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado, a través de una ampliación de la letra d) del artículo 93.2 de la Ley de Cooperativas estatal, que queda con la siguiente redacción:
“d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de las cooperativa o de las explotaciones de los socios, entre otras, la prestación de servicios por la cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores agrarias u otras análogas en las mencionadas explotaciones y a favor de los socios de las mismas”.

Con esta redacción, queda claro que no se pretende una mera cesión de mano de obra, actuación reservada a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). No estamos ante la típica relación triangular propia de los supuestos de cesión (trabajador cedido, empresa cedente y empresa cesionaria), toda vez que la propia Cooperativa está formada por los socios titulares de las explotaciones agrarias: se trataría de un servicio de la Cooperativa hacia los socios, lo que es lo mismo que decir que de los socios hacia los socios. De ahí que no pueda estar permitido que la Cooperativa preste servicios en explotaciones de terceros ajenos a la misma, pues quedaría desbordado el sentido y finalidad de la medida.

Además, no hay un negocio o lucro en la propia prestación de los servicios de la Cooperativa a los socios. Dicho servicio se enmarca en el propio espíritu cooperativo de compartir los recursos para maximizar la eficiencia en la gestión y la reducción de costes, lo que queda lejos del esquema mercantilista de préstamos de mano de obra, en que el coste para el cesionario es beneficio para el cedente. Entre la Cooperativa y el socio, no puede haber ánimo de lucro.

Conviene, por último, resaltar que esta medida no va en detrimento de los derechos de los trabajadores por muy variados motivos, ya que:
- Se progresa en la estabilización y prolongación de la duración de las relaciones laborales, al vincularse ésta a las necesidades de producción del conjunto de las explotaciones agrarias de los socios cooperativistas y no de cada uno en particular.
- Se potencia la calidad del empleo al circunscribirse éste en la Cooperativa, que está dotada en principio de una estructura organizativa superior a la de los socios, lo que permite un mejor y mayor cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en el aspecto de prevención de riesgos laborales, formación y posibles beneficios sociales (alojamiento, manutención, etc.).
- Se simplifican los mecanismos de contratación al centralizarse en la Cooperativa, lo que reduce el riesgo de empleo irregular en el campo.
- Se favorece la implantación de mecanismos de representación de los trabajadores y de interlocución entre empresas y trabajadores, muchas veces dificultada por la dispersión de los empleadores y la escasa duración de las propias relaciones laborales.
- Se mejoran y agilizan los procesos de inspección y control de las condiciones de trabajo por parte de la Administración al reducirse el número de empleadores a controlar.