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Un proyecto europeo busca la protección de los intangibles de la agricultura

03-05-2019 Cooperativas Agro-alimentarias

Provide busca asesorar a las administraciones públicas para apoyar la toma de decisiones que contribuyan a proteger todos los valores sociales y ambientales que genera la actividad agrícola.

El sector agrario es fundamental para la economía y su actividad genera una parte importante del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Al margen de alimentos y otros productos que pueden comercializarse en el mercado, la agricultura es responsable de generar otros valores, que si bien no pueden cuantificarse ni tener precio ni intercambiarse, son fundamentales para la sociedad.

La agricultura, directa o indirectamente, produce ciertos bienes que no están cuantificados, como, por ejemplo, la biodiversidad, los paisajes, las alternativas de ocio o la fijación de dióxido de carbono. Además, también es responsable de generar vitalidad en ciertas zonas rurales que estarían aún más despobladas si cesara la actividad agraria. El hecho de que estos bienes no tengan precio, no quiere decir que no sean importantes.

Paradójicamente, los sistemas agrarios que generan esta serie de bienes públicos en mayor cantidad suelen tener asociados problemas de baja rentabilidad económica, lo que pone en peligro su continuidad y, por tanto, la generación de estos servicios fundamentales. Ante este contexto, la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que se implementará a lo largo de los próximos años, contemplará ciertas reformas destinadas a conservar estos bienes públicos a través de ayudas al sector agrario.

Aquí es donde, precisamente, entra en juego el PROVIDE, un proyecto de investigación en el que ha participado la Universidad de Córdoba junto a otros socios europeos y que pretende proporcionar herramientas para que las administraciones públicas respalden la provisión inteligente de bienes públicos y servir de apoyo en la toma de decisiones políticas para la valorización de este valor de la actividad agrícola.

Según destaca el catedrático José Antonio Gómez Limón, uno de los autores principales de la investigación, “nuestro cliente son los gobiernos, ya que demandan información para tomar decisiones políticas de forma más eficiente”. Para ello, el proyecto, en el que también ha participado el investigador Anastasio Villanueva, ha realizado distintas investigaciones para generar información relevante sobre los costes y beneficios de estos bienes que están fuera de los circuitos del mercado.

Concretamente, de los distintos sistemas agrarios relevantes desde la perspectiva de los bienes públicos, el grupo ha realizado un caso de estudio para el olivar de montaña. En este sentido, tal y como indica Gómez Limón, uno de los resultados más importantes ha sido el de desarrollar una propuesta concreta de programa medioambiental que, “con un presupuesto similar al que ahora se está dotando para este sistema agrario, permitiría que los agricultores siguieran obteniendo esta ayuda, pero produciendo más bienes públicos”.

Por otro lado, en el marco del proyecto, se ha realizado un mapeo a nivel europeo sobre la oferta y la demanda de distintos bienes públicos. En el caso concreto de Andalucía, se comprobó que había determinados puntos en la dehesa y en el olivar de montaña en los cuales se producían estos bienes a un nivel más elevado que la media. Precisamente se trataba de lugares asociados a una agricultura extensiva, y es que, tal y como indica el investigador Villanueva, en los sistemas intensivos, en los que se intenta producir al máximo de su potencial, “los costes de oportunidad son mayores, lo que implica que, si el agricultor decide mejorar la provisión de bienes públicos, de alguna forma está perdiendo más ingresos”. El mapeo, además también ha servido para determinar aquellos puntos en los que sería necesaria una acción política para mejorar el potencial estos bienes. Por ejemplo, tal y como indica Gómez Limón, el sistema de regadío en Andalucía tiene un potencial de mejora muy importante.

En definitiva, el proyecto, en el que han participado 14 universidades europeas y centros de investigación, está destinado a la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas para que protejan al sector agrario y su capacidad para seguir generando bienes públicos, bienes que, aunque carezcan de precio, poseen un alto valor.