Reportajes

Formación, un derecho de los trabajadores

27-03-2014 Cooperativas Agro-alimentarias

Por Emma Castro, directora de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias de España

En los últimos tiempos casi todos los días se publican noticias en la prensa que hacen referencia a fraudes en la gestión de las subvenciones destinadas a la formación. Da la impresión de que la mayoría de las empresas que gestionan fondos de formación comenten fraude, cuando realmente se está hablando de una entidad organizadora y una empresa privada de formación, es decir dos empresas. Sin quitar gravedad al tema, no debemos perder de vista que en el año 2012 se aprobaron 388 Convenios de Formación de oferta de ámbito estatal, además de los que se hubiesen firmado en el ámbito autonómico y la formación bonificada de demanda.

El Real Decreto 395/2007, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, integra la formación para el empleo de trabajadores empleados y desempleados. Entre sus fines figura favorecer la formación a lo largo de la vida, promover la evaluación, el reconocimiento y la acreditación de la experiencia adquirida por vías no formales o a través de la experiencia laboral. Además contribuye a la orientación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad y a la mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas.

Este subsistema comprende el conjunto de instrumentos y acciones, que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

En este marco se regulan entre otras, 2 iniciativas de formación:
a) La formación de demanda, o formación bonificada, que responde a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. 459.620 empresas dieron formación en 2012 y 3.176.789 alumnos realizaron acciones de formación. Se solicita desde la empresa.

b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, con el fin de ofrecer a los trabajadores una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo. Hubo en 2012, 388 planes de formación aprobados en el ámbito estatal y 241.000 participantes. Se solicita directamente por los alumnos interesados a las organizaciones empresariales, entidades de economía social y autónomos y los centros y entidades de formación públicos o privados acreditados.

Las solicitudes de subvención pasan por un proceso de valoración técnica y propuesta de financiación hasta su resolución siguiendo los principios de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

Estas iniciativas de formación se gestionan a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, perteneciente al sector público estatal que apoya técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal, en el desarrollo, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación para el empleo de ámbito estatal.

La evolución del grado de satisfacción general de los participantes de ambas iniciativas de formación se mide según el tramo de 0 a 4 puntos y cada año evoluciona de forma positiva.

En concreto y según los últimos datos, en el año 2011 los participantes en la formación de demanda valoraron de media su satisfacción general en 3,46 puntos frente a los 3,40 obtenidos en 2009. Por su parte los participantes en formación de oferta valoraron su nivel de satisfacción en 2011 en 3,53 puntos frente a los 3,30 en 2009.

A pesar de estos datos facilitados de forma anónima por los alumnos, un periódico nacional titulaba en fechas recientes “Cursos de formación que no sirven para nada”, ya que 9 de cada 10 personas que recibieron cursos reconocieron que su situación laboral no había cambiado tras los mismos. Como vemos pura demagogia, ya que el realizar formación a lo largo de la vida profesional, no sólo es con la intención de cambiar de trabajo. Además las encuestas se cumplimentan en el momento de finalizar la formación, es decir que al menos el 10% de los alumnos cambió de trabajo nada más realizar el curso, pero desconocemos, cuantos consiguieron mejorar de trabajo en fechas posteriores.

También hay políticos que aprovechan estos escándalos para “eliminar las ayudas para cursos”. El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo se financia con 87,7% de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, con el 4,6% de las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y con el 7,7% de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Es decir que es un derecho que tenemos los trabajadores.

La formación subvencionada puede y debe ser inspeccionada por las instituciones responsables. Aunque la formación sea en modalidad Teleformación, a las instituciones se les comunican las claves que les permiten acceder a todas las plataformas informáticas en las que los alumnos reciben los cursos. En cuanto a la formación presencial, se comunica siempre el lugar y horario de celebración.

Las administraciones deberán controlar que los fondos públicos se gestionen de forma adecuada, en formación al igual que en otros ámbitos, pero también deberán respetar el derecho de los trabajadores a poder recibir la formación.

Formación a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España
Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza todos los años un plan de formación estatal, que oferta conjuntamente con sus Federaciones regionales. En 2013 se formaron mediante este plan 1.817 alumnos, desarrollándose 38 acciones diferentes en modalidad de Teleformación y 34 en modalidad presencial. El 26,8% de los alumnos eran desempleados.
Además tenemos en marcha por 2º año, un programa específico de ámbito estatal, con la finalidad de cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años en situación de desempleo, mediante proyectos que incluyen acciones de formación profesional para el empleo y prácticas profesionales no laborales en empresas. Este programa pretende mejorar sus competencias profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. En 2013 participaron en este programa 226 jóvenes.