Los representantes de las cooperativas del sector de las frutas y hortalizas de Francia, Italia y España expusieron ayer ante varios representantes del Parlamento Europeo su punto de vista sobre las normativas en discusión actualmente que podrían condicionar gravemente su actividad: el reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios y el reglamento de envases y residuos de envases.
En el encuentro -auspiciado por la diputada francesa Tolleret del Grupo Renew Europe- los representantes de cooperativas de distintos sectores y regiones, entre ellos, José Manuel Fernández Archilla, director general de la Cooperativa VICASOL, explicaron el impacto real de estos dos proyectos normativos sobre la producción y comercialización hortofrutícola europea. El sector hortofrutícola manifestó su compromiso con el objetivo de la sostenibilidad de la actividad agraria y demostraron -con hechos- los avances realizados, en la racionalización del uso de fitosanitarios, la implantación de métodos alternativos, como el control biológico, la implantación de la producción integrada o el cultivo ecológico y la optimización del uso de los envases y la circularidad de su uso y sus materiales.
Las cooperativas hortofrutícolas señalaron que se pueden conseguir los objetivos de sostenibilidad de la estrategia de la granja con otras acciones más acordes a la realidad de la producción de alimentos y con un calendario adaptado a las técnicas disponibles.
Proyecto de reglamento de envases y residuos de envases
Los representantes de las cooperativas calificaron de “arbitraria, desproporcionada y discriminatoria” la drástica prohibición del uso de envases para confecciones de menos de 1,5kg, en el sector de las frutas y hortalizas. En base a su experiencia han señalado que los envases son imprescindibles para poner en el mercado productos tan frágiles y perecederos como las frutas y hortalizas, cumpliendo con las expectativas del consumidor, en calidad, en seguridad y en precio. Entre las funciones del envasado, se ha enumerado, no solo la protección frente a daños (deshidratación, ataques microbiológicos...), sino también su utilidad para ampliar la vida útil de los productos; preservar su calidad, la seguridad alimentaria o la trazabilidad; valorizarlos comercialmente; diferenciarlos en el mercado (identificando determinados métodos de producción, marcas, o el país o región de origen); aportar información al consumidor; facilitar su trasiego y consumo.
La obligación que pretende imponer la Comisión de venta a granel no solo perjudicará a la actividad del sector y el correcto suministro a los consumidores, sino que irá directamente en contra otros objetivos prioritarios defendidos por la propia UE. El objetivo de reducción del desperdicio alimentario se resentirá en muchos productos, si la oferta debe ser obligatoriamente a granel. El consumo de frutas y hortalizas -como base de la dieta saludable- se debilitará, si se prohíben determinados formatos de conveniencia; la puesta en valor de los métodos de producción comunitarios y el made in the EU será más difícil si el proveedor no puede diferenciar su producto a los ojos del consumidor.
El sector ha pedido a los representantes del Parlamento Europeo que se opongan a la prohibición drástica planteada por la Comisión y defiendan la vuelta a la política de incentivo a favor de los envases respetuosos con el medio ambiente (reutilizables o reciclables), la eliminación de cualquier envase superfluo y la mejora de los sistemas de gestión de envases. Además, han insistido en la necesidad de evitar que proliferen normas diferentes en cada EM, para preservar el buen funcionamiento del mercado único comunitario, y que cualquier reglamento sea evaluado objetivamente desde el punto de vista de su impacto y su viabilidad técnica y no inspirado en discursos mediáticos subjetivos.
Proyecto de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios
Respecto a la normativa sobre el uso de fitosanitarios, las cooperativas han pedido que deje de criminalizarse la actividad productiva de sus socios y se conjuguen las tres patas de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Han destacado que “el sector hortofrutícola no parte de cero en la racionalización del uso de fitosanitarios”; por el contrario, estos cultivos, en sus distintos sistemas, regiones, producciones y climas, actualmente, ha alcanzado cotas de sostenibilidad sin parangón en el resto del mundo, racionalizando la aplicación de productos fitosanitarios, y recurriendo -allí dónde y cuándo es posible- a métodos no convencionales.
Las instituciones europeas deberían conocer esta realidad, que han impulsado -a través de la PAC- con enorme éxito. El objetivo de reducción de uso de fitosanitarios es compartido por el sector, quien es consciente de que queda camino por recorrer. Sin embargo, se considera que los plazos y los objetivos del “Reglamento SUR” son, también en este caso, arbitrarios e irrealistas. A lo largo de sus intervenciones, los representantes de las cooperativas de Francia, Italia y España han puesto ejemplos de cultivos hortofrutícolas, que actualmente -como consecuencia de la sucesiva desautorización de materias activas y de productos antes de que existiera una alternativa- se encuentran indefensos ante los ataques de plagas muy agresivas, frecuentemente introducidas por importaciones de terceros países. También se han expuesto casos, en los que mucho antes de ninguna imposición normativa, los productores han hecho uso de la tecnología y ha eliminado completamente el uso de tratamientos químicos, como citó José Manuel Fernández el caso del cultivo del pimiento bajo cubierta, que recurre solo al control biológico para combatir plagas y enfermedades.
Los representantes de cooperativas señalaron que cualquier estrategia de la Comisión sobre la limitación del uso de fitosanitarios deberá basarse en criterios científicos y estudios de impacto sobre la viabilidad de cada producción en cada región y los esfuerzos ya realizados. Solo así se podrá salvaguardar la agricultura europea competitiva y la soberanía alimentaria de sus consumidores y evitar la fuga de la actividad agrícola a terceros países, menos sostenibles.
La introducción de métodos de producción no convencionales es una carrera de fondo, que debe ir adaptándose. Primero, al ritmo al que la ciencia y la industria ponga a disposición del sector herramientas de protección fitosanitaria alternativas (métodos seguros, eficaces y asequibles) y las administraciones las evalúen y registren; también, al desarrollo y aplicación en UE de las nuevas tecnologías (nuevas técnicas genómicas, aplicación con drones, variedades y semillas más resistentes, agricultura de precisión). Ese proceso, tendrá que tener en cuenta la incursión de nuevas plagas y enfermedades en el territorio de la Unión, consecuencia de las importaciones, y en todo caso, estar acompañada de un apoyo económico ad hoc por parte de los poderes públicos, ajenos a la PAC y suficientes para -por una parte- compensar las pérdidas graves de rendimientos o incrementos de costes derivados, y -por otra- para financiar los esfuerzos en investigación y desarrollo, allí donde la industria privada no quiera involucrarse (como es el caso de determinados cultivos menores mediterráneos).
Los participantes fueron especialmente críticos con la definición que la Comisión ha ofrecido de “zonas sensibles” donde los tratamientos quedarían prohibidos y la actividad agrícola dejaría de ser viable, especialmente en amplias zonas de los países mediterráneos, principales productores de FH. También criticaron la doble vara de medir de la UE, quien corre mucho para imponer condiciones y limitaciones a sus productores, pero tarda y no materializa el principio de "reciprocidad/cláusulas espejo", quedándose estos preceptos en meras declaraciones de intenciones. Así se criticó duramente los LMR de importación, que permiten la entrada de producto desde terceros países donde se trata con materias prohibidas en la UE. Esta disposición es hipócrita e implica, primero, un engaño para el consumidor y, segundo, un ataque al sector europeo a quien se sitúa en inferioridad de condiciones.
En el peor momento
Las cooperativas aprovecharon el encuentro para recordar al Parlamento Europeo el momento difícil que atraviesa el sector agrario, sometido al estrés derivado de sucesivos accidentes climáticos (heladas en 2022, sequía e inundaciones en 2023), de los desequilibrios del mercado e incremento de costes de los inputs consecuencia de varias crisis geopolíticas o sanitarias que han afectado a la UE (Brexit, Guerra de Ucrania, post-Covid), o de la creciente amenaza fitosanitaria como consecuencia del auge de las importaciones desde terceros países. Al mismo tiempo que estos factores están impactando negativamente sobre la renta de los agricultores y sus cooperativas, los consumidores han perdido a su vez poder adquisitivo. En ese contexto, los representantes del sector solicitaron a la UE que se abstenga de introducir políticas comunitarias desmedidas que generen nuevos costes en la cadena alimentaria.
Cooperativa ejemplar
Cooperativas Agro-alimentarias de España estuvo representada por José Manuel Fernández Archilla, director general de la cooperativa VICASOL. VICASOL, es una empresa de referencia y líder sectorial, con sus más de 240 millones de Kg. de hortalizas, que envía a 34 países. Está reconocida como OPFH y gestiona el mayor Programa Operativo de España, dedicando una parte muy relevante a medias medioambientales y contribuyendo a mejorar la posición en el mercado de la producción de sus casi mil socios, mejorando sus vidas, las de sus 2.500 trabajadores y ofreciendo a los consumidores productos sostenibles y saludables.
DESCARGAR: Comunicado de Prensa. Reunión cooperativas Francia, Italia y España en el Parlamento Europeo
