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Por Juan Antonio González, presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

2023 ha sido un año convulso, en el que, otra vez, el sector hortofrutícola ha hecho frente a diversos episodios o factores “excepcionales” y se han ahondado algunas tendencias bosquejadas en campañas anteriores. Quizá deberíamos dejar de hablar de excepcionalidad en este sector, dado que ya no está claro lo que es una “campaña normal”, ni el “pleno potencial productivo”, ni el “equilibrio del mercado” ...  

La campaña 2022-2023 estuvo marcada por los efectos de la invasión rusa a Ucrania: entre ellos, el encarecimiento de la energía -que provocó la caída de producción de los invernaderos calefactados de Centro Europa y, por tanto, la oferta de hortalizas en el mercado comunitario y el incremento de precios- y que también conllevó el incremento del coste de los inputs y exacerbó la inflación.

Durante 2023 las condiciones climáticas extremas en muchas regiones españolas y europeas provocaron una considerable rebaja de los rendimientos, mermando la productividad de las explotaciones y haciendo confluir en el mercado comunitario cosechas históricamente cortas en varias hortalizas y en cítricos (los cuales han registrado la oferta más corta de los últimos 11 años) o en frutales. En este contexto de menor producción, la exportación española ha caído -en volumen- en prácticamente todos los productos y crecieron las importaciones a España y a la UE, (destacando Marruecos y Turquía en hortalizas y Egipto y Sudáfrica en cítricos).

Sin embargo, hemos registrado también récords, como el de exportación hortofrutícola española en valor; récord en las cotizaciones de nuestros productos, tanto en campo, salida de almacén, como en PVP; récord también de los costes unitarios de producción, al haber caído casi todos los rendimientos productivos y mantenerse los precios de los inputs elevados. Como consecuencia de esta tendencia alcista -entre otros factores- hemos vuelto a registrar caídas graves del consumo en hogares en España, en prácticamente todas las frutas y hortalizas.  El balance al final del año de esta montaña rusa de indicadores, para el productor, ha sido heterogénea, a la hora de comparar ingresos y gastos.

Sin embargo, si hacemos un recuento de estos meses y de las tendencias de los últimos años, destacaría varias conductas del mercado que obligan al sector en su conjunto y a cada empresa particularmente -y a la propia administración- a emprender o acelerar -de cara a 2024- ciertos cambios. Cito a continuación los que me parecen más importantes y generalizables.

En la era de la dieta saludable, las recomendaciones nutricionales de las administraciones y de los científicos están a nuestro favor. Es imprescindible y urgente que el sector hortofrutícola español sea capaz de unificar esfuerzos y lanzar una campaña de promoción y comunicación conjunta para revertir la tendencia bajista del consumo de frutas y hortalizas y mejorar su posicionamiento en la cesta de la compra frente a otros productos procesados o ultraprocesados. Más allá de la contracción del consumo, es preocupante saber hasta qué punto el consumidor -con un poder adquisitivo mermado- podrá seguir absorbiendo el incremento de precios (derivados del incremento de los costes de producción o de falta de producción). Sin duda, el retroceso del bio en algún período de la campaña es una señal en el sentido contrario.

Tenemos dificultades de competitividad en varias producciones y la hegemonía exportadora de España en el mercado de la UE está cada vez más comprometida por la presión de producto importado (y la menor producción nacional en los últimos dos años). Perdemos liderazgo y cuota de mercado de manera preocupante en dos producciones emblemáticas como el tomate y la naranja. Ante esta situación, el sector tiene como principal asignatura pendiente propia acelerar los procesos de concentración de la oferta, tanto a nivel de tejido productivo como en las estructuras comercializadoras, para tener la capacidad de inversión necesaria para ganar competitividad, tecnificarse, avanzar en digitalización, racionalización de los costes de producción, generar valor y ganar margen en el mercado. La explotación familiar debe dar ese paso hacia el dimensionamiento y la profesionalización para seguir siendo la base de una cadena alimentaria que sea rentable en todos sus eslabones y mantener una actividad que genera impacto positivo en el medioambiente y preste servicios a la sociedad.

En este sector estamos convencidos de la necesidad de seguir avanzando hacia la sostenibilidad: lo demanda el consumidor y la sociedad en general. Nos interesa directamente, como habitantes del medio rural que somos. La generalización de medios lucha alternativos a los convencionales, la mejora del suelo, la optimización de los recursos hídricos, la biodiversidad o la reducción de residuos son objetivos que deben marcar cada una de nuestras estrategias empresariales y condicionar nuestros sistemas productivos. Pero insistimos en que hay que visibilizar las tres patas de la sostenibilidad: medioambiental, social y económica (la prioritaria).

Sin menoscabo de lo anterior, no podemos soportar más normas medioambientales de producción dentro de la UE (restricciones al uso de fitosanitarios; restricciones al riego...) con continuos desarrollos, mientras que se hace la vista gorda y no se pide ningún requisito equivalente al producto importado, permitiendo la normativa comunitaria la entrada de productos tratados en origen con sustancias prohibidas en la UE, o fruto de una explotación de los recursos hídricos (o laborales) más que cuestionable. Urge que la Administración equilibre las reglas de juego entre los productores de la UE y los de los terceros países convirtiendo en hechos concretos su tantas veces declarada intención de “reciprocidad” y “cláusulas espejo”. Lo contrario, mantener la doble vara de medir, amenaza seriamente la supervivencia de los productores europeos. La deslocalización ya no es un riesgo, es una realidad. Tenemos un episodio bien elocuente en la historia reciente: acordémonos de cuando -en pandemia- dependíamos del exterior para suministrarnos de unas mascarillas que no llegaban, pero, sin embargo, pudimos autoabastecernos de frutas y hortalizas ininterrumpidamente, en cantidad y calidad y con todas las garantías y seguridad... ¿Nos sigue importando la autonomía y soberanía alimentaria?

El cambio climático nos preocupa por sus múltiples derivadas: la frecuencia de los accidentes climatológicos (temperaturas atípicas; lluvias a destiempo o torrenciales; falta de agua; heladas primaverales; granizos; olas de calor...) que -sumada al incremento de coste y la falta de agua- está impactando en los rendimientos, la competitividad y el riesgo en la gestión de la explotación, hasta el punto en el que, la superficie de cultivos anuales se está ajustando a los pedidos asegurados y que, en la negociación de los productores con la distribución, cada vez pesa más la garantía de suministro (y no solo el precio). Por otra parte, el cambio climático está propiciando el desarrollo de nuevas plagas (cuya llegada facilitan los intercambios comerciales) o la prolongación de la afección de las ya existentes. Ello se suma a la falta de medios de lucha fitosanitaria -como consecuencia de la política cada vez más restrictiva por la normativa medioambiental comunitaria- y rebaja también la productividad de nuestras explotaciones. Es un enorme riesgo que se estén eliminando sustancias y productos fitosanitarios mucho antes de que estén disponibles medios de defensa o prevención alternativos, cuyo desarrollo y autorización es demasiado lento y no cuenta con una inversión suficiente. La sequía prolongada que atraviesa España ataca especialmente a varias regiones hortofrutícolas y está marcando la actividad de nuestro sector: ya no es solo el problema de Levante... estremece  la incertidumbre en la que se produce la fruta dulce en Cataluña (donde en abril 2023 asistimos al cierre del Canal d’Urgell,  en una decisión histórica, por falta de lluvias y reservas en los pantanos); o las restricciones de riego en el Valle del Guadalquivir, que han reducido drásticamente las siembras de tomate de industria y comprometido seriamente la cosecha de cítricos y fruta temprana.

No hablemos solo de producto, hablemos de personas. Debería ser una prioridad estratégica para el sector y para la administración la falta de relevo generacional. En nuestras explotaciones, la media de edad de los titulares roza la de jubilación. Éste es el verdadero reto y emergencia que nos debería ocupar urgentemente, muy particularmente en el mundo cooperativo. En segundo lugar, año tras año se agravan las dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra, sin que tampoco estemos poniendo soluciones estructurales para revertirlo.

Cuestiones de las que sí nos estamos ocupando: durante 2023, Parlamento y Consejo Europeo (como el sector en su ámbito) han discutido -dentro de la avalancha de iniciativas legislativas que nos ha ocupado en 2023- sobre dos propuestas de reglamento de la Comisión -que emanaban del Pacto Verde y de la Estrategia de la Granja a la Mesa- trascendentales para nuestro sector: el “Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios” y el “Reglamento de envases y residuos de envases” (particularmente el artículo dedicado a la prohibición de envases de un solo uso en el sector de las frutas y hortalizas, para formatos de menos de 1,5Kg., salvo unas excepciones que tienen todavía que definirse). Ninguna de esas dos iniciativas, finalmente, será adoptada antes del parón de las elecciones europeas, como consecuencia del rechazo de ambas en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, dos iniciativas equivalentes están en España: el desarrollo del Real Decreto de uso sostenible de fitosanitarios y del Real Decreto de envases que obliga a la venta minorista de FH a granel. En 2024 habrá que seguir trabajando para velar porque el desarrollo de estas dos disposiciones no genere nuevos costes a nuestros asociados y -sobre todo- no les expongan a condiciones de desventaja frente a sus competidores de la UE, al querer ir más rápido el Gobierno que el ritmo -necesariamente armonizado- que vayan marcando las instituciones comunitarias. Querría recordar, en este punto, que tanto el objetivo de la reducción de uso de fitosanitarios como el objetivo de reducción de uso de envases superfluos están incrustados ya en nuestras estrategias sectoriales y tienen elevados índices de consecución, independientemente de que la UE consiga o no adoptar sus proyectos de reglamento. En todo caso, seguiremos pidiendo a nuestras administraciones y, particularmente, en los primeros meses de 2024 -período de campaña electoral ante las al Parlamento Europeo de junio- que las decisiones en materia de sostenibilidad se basen en pruebas científicas sólidas y no en impulsos mediáticos y politizados; que no se demonice al sector agrícola y se reconozca los logros a obtenidos en sostenibilidad medioambiental y que se tenga en cuenta su sostenibilidad económica.

Para trasladar e interactuar con nuestras administraciones y ayudar a que elijan políticas certeras y equilibradas, para afrontar los objetivos programables y superar los retos ya identificados y sobreponerse y reforzarse ante las circunstancias excepcionales que nos sorprenderán en 2024, más que nunca, la cooperación, el modelo cooperativo, las estructuras cooperativas -desde la cooperativa de proximidad, hasta los grandes grupos exportadores, pasando por los organizaciones representativas- resultan, actualmente, más necesarias que nunca y sus principios, los más pertinentes y adaptados a los tiempos que corren. ¡Utilicémoslos!