Por Mónica Sanz, presidenta del Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
El Ministerio ha incrementado un 10,9% su presupuesto inicial para subvencionar las pólizas del seguro agrario, según el borrador del 46º Plan presentado en la Comisión General de ENESA del pasado 3 de diciembre. Así, inicialmente se cuenta con 315 millones de euros cuando el año pasado eran 284 millones. Ésta es, sin duda, una noticia positiva, pero la realidad es que este presupuesto es del todo insuficiente si tenemos en cuenta que el capital asegurado va incrementándose cada año (+3,6% de 2022 a 2023), haciéndolo mucho más la prima recaudada (+16% de 2022 a 2023). Por ello, anualmente se produce un déficit que en el ejercicio 2024 supone de momento 90,5 millones de euros. No tiene demasiado sentido partir de una cifra que ya se sabe que se queda corta. Por tanto, convendría disponer desde el principio de una cifra más alta para que las ampliaciones de presupuesto no sean tan significativas.
Frente a este déficit continuado, el Ministerio sigue con la estabilización de las subvenciones al seguro agrario. Estabilización que comenzó el año pasado cuando se redujo la subvención base 10 puntos, suponiendo para el colectivo preferente (agricultores jóvenes, profesionales, titulares de explotaciones prioritarias y socios de Organización de Productores) una bajada final de 2 puntos, ya que las subvenciones adicionales para este colectivo se incrementaron 8 puntos.
El principal cambio para el 46º Plan de Seguros Agrarios se refiere a la modulación (reducción de la subvención de Enesa) que es mucho más agresiva que en el Plan anterior. Se modula (reduce) ya un 10% desde el primer euro de subvención, estando excluidos en todos los tramos los profesionales, los agricultores jóvenes y titulares de explotaciones prioritarias. Aquí se ha dejado fuera expresamente a los socios de OP, no considerando que son colectivo preferente para la exención de la modulación.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos insistido, y seguiremos haciéndolo, en que los socios de OP deben ser, sí o sí, colectivo preferente.
Una discriminación en positivo para los productores/as que apuestan por estar organizados y agrupados es necesaria. Cuando, además, desde la UE se considera imprescindible “aumentar la capacidad de negociación de los agricultores”, reconociendo que “las Organizaciones de Productores (OP) ayudan a los agricultores a reducir los costes de transacción y a colaborar en la transformación y comercialización de sus productos. Las organizaciones de productores refuerzan la capacidad de negociación colectiva de los agricultores mediante: la concentración de la oferta, la mejora de la comercialización, la asistencia técnica y logística a sus miembros, la gestión de calidad y la transferencia de conocimientos”.
Precisamente, en la zona castigada por la dana del pasado 29 de octubre es donde, desde siempre, las cooperativas y sus OPs han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico y social de sus territorios. La recuperación de estas zonas, tras el desastre, dependerá en gran medida de la recuperación y el impulso de la actividad de estas empresas. Más de la mitad de los 75 municipios afectados de la provincia de Valencia tienen una cooperativa agraria.
Apoyar en el seguro a los socios de OP no es más que apostar por el sector agrario con mayúsculas. Esperemos que el MAPA recapacite y corrija más pronto que tarde esta equivocación.
